Política penitenciaria salvadoreña

Ricardo Sosa

Es vital la continuidad en este proceso y sistematización por parte del nuevo gobierno en todos los centros penales, que fortalezca, mejore y establezca su sello, para convertir en realidad en todo el sistema penitenciario salvadoreño que sea humano, digno, seguro

Los artículos uno y veintisiete de la Constitución de la República, y el artículo treinta y cinco del reglamento interno del Órgano Ejecutivo, definen las atribuciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública son parte de los respaldos legales, tienen bajo su responsabilidad y competencia fijar la política penitenciaria del Estado. La Dirección General de Centros Penales tiene como responsabilidad la ejecución de dicha política.

Estas premisas constitucionales y legales han estado plasmadas por décadas, pero el sistema penitenciario estuvo abandonado y se vio casi desde sus inicios como el último eslabón de la sociedad salvadoreña.

Esta realidad tiene su historia y fundación en la antigua Ley de Cárceles Públicas, contenida en el documento de codificación de Leyes Patrias de 1879, donde se establecía que cada población de la República debía contar con una cárcel para hombres y otra para mujeres y dependían de las municipalidades, a excepción de las cárceles para los funcionarios, que estarían a cargo de los gobernadores departamentales.

Nuestro sistema penitenciario pasó durante más de cien años sin respetar la dignidad humana de hombres y mujeres, siendo inhumano, inseguro, violento, dominado por diferentes mafias. Corrupto de manera generalizada, con tasas de hacinamiento del 378%, llegó a considerarse como un lugar para parte de una sociedad que se pretendía esconder, para mantener en secreto el tratamiento de la delincuencia en El Salvador, y que debía morir en silencio, sin más aspiración que fueran asesinados dentro del sistema o que murieran producto de una enfermedad o de las mismas torturas por trato indigno.

La semana anterior se lanzó la denominada “Política Penitenciaria Salvadoreña” que, en mi opinión, no es más que la recopilación de buenas prácticas, protocolos de actuación, disposiciones, entre otros, que ya están operando y mejorado en los últimos cuatro años, y que ahora se sistematizan. Considero que es un documento que plasma el giro cuando se le permite a la población penitenciaria participar en su propio proceso de rehabilitación por medio del denominado y exitoso programa “Yo Cambio”. Fueron ellos mismos quienes por medio de su ejemplo, servicio, poniéndose a trabajar, ayudar y enseñar a otros internos combatieron el ocio carcelario; fueron afectando y transformando un sector, un pabellón, hasta afectar positivamente a todo un centro penitenciario como Apanteos.

El sistema penitenciario salvadoreño se ha transformado y es una realidad innegable. El reto y gran desafío para la siguiente década en mi apreciación es enfocarse al tratamiento penitenciario que debe ser técnico científico de manera integral para todos y todas las personas privadas de libertad, de manera individual y en grupo. Esto requiere una inversión a todo nivel en los equipos técnicos multidisciplinarios en cada centro penitenciario para que al mismo tiempo se desarrollen los perfiles criminológicos individuales para su clasificación y establecer su nivel de peligrosidad. Esto implica alta formación y rigor científico en materia de Constitución, Ley penitenciaria, ciencias penitenciarias, criminología penitenciaria, psicología y psiquiatría social y clínica, derechos humanos, resolución de conflictos, sociología, trabajo social, entre otras.

Es vital la continuidad en este proceso y sistematización por parte del nuevo gobierno en todos los centros penales, que fortalezca, mejore y establezca su sello, para convertir en realidad en todo el sistema penitenciario salvadoreño que sea humano, digno, seguro, transparente, moderno, rehabilitante, transformador y que permita la reinserción a la sociedad luego de cumplida su pena.

Experto en seguridad y criminología