La política criminal actual: NO al crimen organizado

POR RICARDO SOSA/ DIARIO EL SALVADOR / www.diarioelsalvador.com

Una de las noticias más comentadas a escala nacional e internacional la semana anterior fue la solicitud de cuatro alcaldes, acompañados y respaldados por diputados del FMLN del departamento de Chalatenango, de retirar al personal de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil de lo que llaman «sus territorios», lo cual no solo es un absurdo, también es inédito en el país.

Los municipios de Arcatao, San Fernando y San Ignacio no registran homicidios en el presente año, y el municipio de Nueva Trinidad reporta un homicidio en 10 meses. Los delitos contra el patrimonio y la vida son de los índices más bajos en el país. La presencia disuasiva y el trabajo de los elementos militares y policiales han sido fundamentales para prevenir crímenes y delitos. Solicitar el retiro de las fuerzas de seguridad solo puede responder a intereses de dejar sin vigilancia toda la franja limítrofe para que el crimen organizado pueda desarrollar sus operaciones.

Luego de comentar y brindar una opinión, ¿por qué han disminuido los homicidios en El Salvador? En esta oportunidad me refiero al eje central, primordial y base de todos los avances en materia de seguridad, que marca un antes y un después en la política criminal en El Salvador desde el Órgano Ejecutivo, y es el rompimiento con el crimen organizado. Las pasadas cuatro administraciones han sido señaladas por la existencia de nexos entre algunos de los dirigentes y exfuncionarios de partidos políticos que gobernaron en el período junio de 1999 a mayo de 2019 con el crimen organizado. De hecho, ha habido indicios, evidencias, casos judicializados, expresidentes acusados y condenados, un exfiscal general condenado, incautación de bienes, extinción de dominio y otros. No hay casualidades en seguridad. El crimen organizado en América Latina ha operado financiando campañas de candidatos, partidos políticos; pagando comisiones por permitir el paso de droga, de armas y personas, formalizando prácticas corruptas.

Durante los últimos 20 años se simuló un fuerte y efectivo combate al crimen organizado, pero fue solo eso: una simulación; además, se nos hizo creer a los ciudadanos que el enemigo de la sociedad salvadoreña eran las pandillas y la violencia que estas ejercían. Las políticas y los planes se fundamentaron en el uso brutal de la fuerza, y fueron un rotundo fracaso, pero sin leyes que trascendieran a los grupos de poder real y  fácticos.

El presidente Bukele y su Gabinete de Seguridad, en mi opinión, han quebrado cualquier negociación, acuerdo, vinculación o pacto con el crimen organizado transnacional y local, y el resultado ha sido no solo disminuir los homicidios que han salvado miles de vidas en 17 meses de la administración actual, sino disminuir todos los índices delictivos. El verdadero problema de la inseguridad en El Salvador fue haber permitido que el crimen organizado operara con sus principales delitos, obteniendo ganancias millonarias, mientras nos mantenían distraídos y entretenidos enfocándonos y hablando solo de las pandillas.